POR STAFF
Claudia Sheinbaum dio a conocer una serie de iniciativas con el objetivo de mejorar las investigaciones y agilizar la localización de personas desaparecidas en el país.
Las propuestas buscan reforzar los mecanismos existentes y optimizar los recursos disponibles para atender esta problemática. Aunque aún no se han detallado los lineamientos específicos, la estrategia ha generado diversas opiniones entre expertos y organizaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una serie de iniciativas para reformar la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agilizar la localización de personas desaparecidas.
Como parte de estas propuestas, se plantea la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, lo que permitirá emitir alertas nacionales inmediatas en caso de desaparición. Además, se contempla el uso obligatorio de la CURP con fotografía y huellas dactilares en registros administrativos a nivel federal, estatal y municipal, facilitando consultas en tiempo real.
Otra de las iniciativas destacadas es la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que permitirá la apertura de investigaciones sin necesidad de esperar las 72 horas usuales. Asimismo, se prevé la ampliación del Banco Nacional de Datos Forenses, con conexión directa a la Plataforma Única de Identidad.
Para mejorar la respuesta ante desapariciones, se fortalecerán las Fiscalías estatales con la implementación de unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata y de largo plazo, delitos cibernéticos y atención a víctimas. También se establecerá el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, con la finalidad de notificar desapariciones y cruzar información de manera más eficiente.
Además, las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda recibirán mayores atribuciones, garantizando una atención más directa a familiares y colectivos de personas desaparecidas.
Entre otros puntos clave, se contempla nuevas sanciones para servidores públicos que no cumplan con la generación y actualización de información, así como mayores penas para delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. También se prevé la participación de sectores privados, como empresas de transporte, telecomunicaciones y servicios financieros, en la recolección y suministro de datos útiles para la búsqueda de personas.
Estas reformas buscan mejorar la coordinación entre autoridades, instituciones y la sociedad, con el fin de hacer más eficiente el proceso de localización de personas desaparecidas en el país.
